Este jueves comenzó la jornada de alegatos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por las demandas de indemnización de perjuicios que presentaron 18 familias de los pasajeros fallecidos en el CASA 212 en la isla Juan Fernández, accidente que cobró la vida del animador de TVN Felipe Camiroaga y otras 20 personas.
El recurso judicial fue presentado para apelar a la resolución del 3º Juzgado Civil, dado que en 2018 la jueza Andrea Santander determinó rechazar las acciones indemnizatorias. Ahora, sin embargo, las familias iniciaron una nueva batalla luego de conocer el fallo de la Corte Suprema de Santiago, que benefició en más de mil millones de pesos a la familia de Joaquín Arnolds, uno de los fallecidos en el fatídico accidente, consigna La Tercera.
De acuerdo al citado medio, los familiares exigen al Estado de Chile ser compensados en $22.475.011.674 por el daño ocasionado a raíz del trágico accidente, incluyendo conceptos de lucro cesante y daño moral. Entre los demandantes se encuentra Jorge Camiroaga Puch, padre del animador de TVN, quien junto a sus hijos, Francisco y Soledad, exigen cada uno una indemnización de $320 millones, uno de los montos más bajos solicitados.
Por su parte, los padres de la teniente Carolina Fernández, quien piloteaba la aeronave al momento del accidente, María Graciela Quinteros y Jorge Fernández, piden una retribución de $1.600 millones, acusando al Fisco como responsable del ilícito civil que provocó la muerte de la piloto.
Los informes del CDE
De acuerdo a La Tercera, en marzo el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó dos informes con los que busca evitar que el fisco deba pagar las millonarias compensaciones económicas.
En uno de los escritos se indica que luego del accidente hubo "257 vuelos, entre aterrizajes y despegues en el aeródromo de Juan Fernández, una suma mucho mayor a las que se realizaron durante agosto (25) y octubre (40), demostrándose así el inmenso número de operaciones en la Isla derivados del accidente". En tal sentido, el CDE apuntó que "no ocurrió ningún accidente ni emergencia".
Para el abogado Esteban Ovalle, quien representa a los familiares de víctimas que no tenían vínculo con el Estado de Chile, "es absurdo, pues pretender elevar como hecho relevante el que, en los días posteriores a la muerte de las 21 personas, la FACH habría enviado muchos aviones, sin que hubiese habido nuevos siniestros. Tal circunstancia carece de toda relevancia, pues la responsabilidad y negligencias del Fisco no requieren que sigan muriendo personas por nuevas caídas de aviones", sostuvo.