Nada haría presagiar la compleja demanda por lavado de activos que complica a Carlos Pinto

Carlos Pinto - Mea Culpa

A principios de octubre, el exproductor de la serie Irreversible (Canal 13), Sergio Gálvez, presentó una querella en contra del periodista Carlos Pinto –creador y conductor de la serie emitida el 2017 por Canal 13– por lavado de activos, incluyendo en la acusación la eventual celebración de contratos simulados y falsificación de instrumento público.

En lo principal, Gálvez reclama que, al poco tiempo de iniciar un juicio laboral en contra de Pinto el año 2017 buscando la nulidad de su despido, el emblemático rostro de TVN en Mea Culpa y El día menos pensado vació de forma ilegítima el patrimonio de sus sociedades para evitar cumplir con la –en ese entonces, posible– obligación de pagarle.

Esta acción judicial es la última de las tantas que el productor ejecutivo ha interpuesto en contra de Pinto. Lo cierto es que la disputa es de larga data. Por meses, El Filtrador siguió los movimientos legales de esta historia, que ya acumula miles de páginas (literalmente) en los organismos de justicia.

Según se desprende de la primera demanda presentada por Gálvez en el año 2017 ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, el productor y Pinto iniciaron conversaciones para negociar con Canal 13 la realización de Irreversible, ficción que, con el característico sello del rostro televisivo en creaciones como Mea Culpa, Alma Negra y El día menos pensado, recrea crímenes y otras situaciones inspirándose en casos reales.

Las conversaciones con el excanal católico llegaron a buen puerto, y el 7 de marzo del 2017 se habría sellado un contrato entre la señal televisiva y la sociedad Carlos Pinto Producciones Cine y TV E.I.R.L. para la producción del programa con el compromiso de que este tuviera al menos 60 capítulos.

Al mismo tiempo, el productor ejecutivo de la serie y Pinto pactarían un contrato en el que se reconociese el tiempo que Gálvez llevaba trabajando en el proyecto antes de que fuese aceptado por Canal 13.

Pese a que la serie fue satisfactoriamente emitida por la estación, los desencuentros en la producción por el manejo de recursos y las dinámicas de trabajo, que derivaron en la presentación de la demanda, no fueron pocos.

Carlos Pinto: la demanda

El punto más crítico en el desarrollo de la disputa se produjo cuando Pinto encargó una auditoría interna del proyecto debido a sospechas que tenía sobre la pertinencia de los gastos en el desarrollo de la ficción.

Al rostro televisivo el resultado no lo habría dejado para nada conforme, optando por terminar su relación con Gálvez y contratando a Jorge Andaur en su reemplazo como productor para dar por finalizada la realización de la serie.

Pese a que la versión de Pinto esgrime como argumento principal un mal manejo de dineros, Gálvez, en conversación con El Filtrador, señaló que estos desbarajustes en el presupuesto se produjeron debido a retrasos que el propio Carlos Pinto habría generado en la producción.

Recordando su despido, el productor de Irreversible apunta que “esto pasó porque cuando estábamos en la mitad de las grabaciones de todos los capítulos él empezó a sentirse molesto porque había un desfase en el presupuesto que a él yo le avisé, y con anticipación. Él me culpaba a mí de malos manejos de dinero, pero resulta que era muy simple de explicar y eso lo alteraba mucho”, explicó.

En seguida, y enfatizando en el hecho de que los antecedentes ya estaban en conocimiento de Pinto, Gálvez explicó que “él (Carlos Pinto) estaba acostumbrado a hacer un capítulo por semana y nosotros necesitábamos estar haciendo dos capítulos y medio a la semana. Para poder grabar esos capítulos, él tenía que escribir todos los libretos. Le dije ‘deberías asesorarte con un par de escritores, para que en paralelo tú hagas uno y ellos otros, y luego los revisas y haces correcciones’”, señaló el productor, relatando que, pese a que su exempleador siguió la recomendación en la teoría, en la práctica no aceptó una significativa cantidad de guiones de otros escritores.

“Los libretos no llegaban a tiempo y a la gente había que pagarle igual”, agregó el trabajador, poniendo en relevancia que, en los plazos que Pinto entregaba la “materia prima”, era imposible cumplir con los tiempos exigidos por Canal 13.

Como fuese, lo cierto es que Pinto, tras visar la auditoría, tomó la decisión de no seguir colaborando con Gálvez. En efecto, en el mismo texto de la acusación judicial se aprecia un extenso y visceral correo electrónico enviado por Carlos Pinto a Gálvez. Allí, el rostro televisivo le plantea a su contraparte su descontento con las gestiones realizadas, acusándole de excesos que derivaron en la necesidad de ampliar el presupuesto. En el mismo correo, le indica que prescindirá de sus servicios.

“Me despidió de mala manera, saltándose todas las reglas habidas y por haber, solo un correo”, se defendió el productor televisivo, destacando que “aquí no se gastó un peso malamente”, agregó.

En esta línea, y en virtud de irregularidades en la forma de desvinculación, Gálvez demandó a Pinto por despido injustificado, solicitando el pago de remuneraciones adeudadas y el cobro de una comisión del 20% de la serie como representante de la venta, sellada por más de $857.000.000 a Canal 13.

Si bien la corte desestimó está última petición –la cual acaba de ser apelada en los tribunales de justicia–, sí acogió las demandas de Gálvez en lo que respecta a la nulidad del despido, enviando la sentencia al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Según un documento contenido en la causa remitida a esta última entidad  –cuya sentencia se encuentra, firme, ejecutoriada y en cumplimiento–, basado en el último resumen de la liquidación laboral, se decretó el embargo de fondos por hasta $87.689.217 en las diversas cuentas de la sociedad controlada por Pinto. De acuerdo con Ignacio Celedón, abogado del productor, esta suma, debido a reajustes, se ha incrementado a más de cien millones de pesos.

Es en este preciso punto donde las cosas se han complicado en el tiempo más reciente. Si bien existe una deuda pendiente y la exigencia del tribunal para saldarla, el monto que se ha logrado embargar es ínfimo.

Por ejemplo, según un ordenamiento de la Tesorería General de la República contenido en la causa del Juzgado de Cobranza, se realizó una retención previsional a la sociedad Carlos Pintos Producciones, Cine y TV, E.I.R.L. por un monto de apenas $6.221.

En junio del 2023 la misma entidad logró la retención de $376.408, mientras que en septiembre del mismo año se embargó una cuenta del Banco de Chile ligada a la parte demandada, obteniendo en esta pasada $254.972 pesos.

Se intentó embargar otra cuenta del mismo banco ligada al caso sin éxito, ya que el saldo que se halló fue de $0. En el líbelo no hay más documentos que den cuenta de otros montos retenidos a las cuentas vinculadas a la empresa de Carlos Pinto, dando a entender que el dinero que el demandante habría recuperado en conformidad con la justicia está lejos de alcanzar lo que se le adeuda.

El día menos pensado de Carlos Pinto

Para explicar este fenómeno, la defensa de Gálvez se ha centrado en la hipótesis de que el rostro televisivo enajenó el patrimonio de sus sociedades frente a un eventual fallo del tribunal que favoreciese al productor.

Esta sospecha se materializó en una querella interpuesta ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en la que se acusa Pinto de celebrar contratos simulados con otra empresa de su hijo, vaciando de forma ilegítima su propia empresa y recuperando las propiedades con posterioridad a través de otra sociedad a su nombre o en forma de persona natural.

“Esta sociedad que tenía las obligaciones laborales tenía también los bienes raíces que desaparecen sin que ingrese valor a la sociedad (la productora de Carlos Pinto) y se produce una ganancia patrimonial ilegítima en otra persona”, señala en conversación con este Medio el abogado Ignacio Celedón en representación de Gálvez.

De igual forma, el legalista destaca que “Carlos Pinto no tiene cómo justificar el pago de ese dinero, porque son dineros que nunca se movieron, que debieron haber estado en una sociedad y después aparecen en otra persona sin explicar cómo se produce el traslado de ese bien”, explicó, apuntando a que la maniobra “es una vuelta complicada (…) esta es una forma de eludir las responsabilidades”.

En efecto, sobre los motivos para iniciar acciones penales por el delito de celebración de contratos simulados, en el documento judicial de la causa Gálvez recuerda que “tras la liquidación del crédito y ante el no pago voluntario de la sentencia, decidí buscar los bienes de la sociedad demandada, pues tenía conocimiento que ella poseía bienes inmuebles suficientes para cubrir el capital, los intereses y las costas de lo que me adeuda”, reza el fundamento de la demanda en cuestión.

En seguida, se agrega que, al momento de solicitar copias de los certificados de dominio vigente, la parte demandante notificó que –con el juicio por nulidad de despido aún abierto– la sociedad controlada por Pinto traspasó dichos inmuebles a la empresa Inversiones Azul Profundo Spa, la cual es representada por el hijo del rostro televisivo, Sebastián Pinto.

Efectivamente, según documentos a los que este Portal tuvo acceso, se encargaron diligencias investigativas para seguir las compraventas de al menos cuatro inmuebles a partir del 21 de septiembre de 2017 –sellados en la notaría de Eduardo Avello Concha–, que se firmaron a apenas dos meses de que se ingresara la primera demanda laboral. Los montos por los que se pactaron las compraventas ascenderían, según archivos adjuntos, a la suma de $560.327.273.

Para efectos de esta causa, el abogado Jorge Martínez, representando a Carlos Pinto, alegó a la fiscal Mitzy Henríquez que el demandante no había hecho gestiones tendientes al pago forzado de lo adeudado; de todas formas, pese a que con posterioridad a este reclamo se logró el embargo de algunas cuentas en favor de Gálvez, lo cierto es que, como se planteó a lo largo de este reportaje, las cifras de lo recuperado continúan siendo exiguas respecto del monto liquidado.

No hubo Mea Culpa

De igual forma, el legalista defensor de Pinto negó a la fiscal a cargo del caso la enajenación total del patrimonio, esgrimiendo que la sociedad del rostro televisivo se encontraría vigente y operativa.

Sin embargo, este argumento genera desconfianza en Celedón, especialmente por los montos recuperados con los embargos solicitados con posterioridad, los cuales serían apenas marginales.

“(La recuperación ) es muy leve para una sociedad que vendió bienes por $519.000.000, que facturó a Canal 13 más de $800.000.000, que vendió a través de esta sociedad los derechos de Irreversible a Amazon Prime… él (Martínez representando a Pinto) afirma, pero no acredita, no acompaña los movimientos de la cuenta corriente, no acompaña pago de trabajadores, pagos a proveedores o alguna cosa que una sociedad activa tiene, eso no existe, entonces el afirmar sin acreditar es algo que la fiscalía no debiese recoger”, señala el abogado.

Asimismo, Celedón criticó las acciones de la contraparte en la defensa de Pinto, enfatizando en que esta última “acompañó documentos que son irrisorios, que no se condicen con el negocio que pretende justificar. Cuando se intenta explicar algo con explicaciones absurdas, es que estás escondiendo las verdades”, añadió.

Pese a las alegaciones cruzadas estampadas en cada foja de los diversos casos judiciales, lo cierto es que la defensa de Gálvez parece haber optado por construir sus argumentos sobre cada uno de los líbelos que se abren y resultan en revelaciones.

En efecto, a pesar de que la fiscal Mitzy Henríquez determinó el cierre de la investigación argumentando que se habían agotado todas las diligencias investigativas –solicitando por consiguiente una audiencia para sobreseer a Carlos Pinto– los abogados del exproductor de Irreversible, a principios de octubre iniciaron una nueva acción penal en contra del principal artífice de Mea Culpa.

Nada hacía presagiar…

Esta vez se trata de una querella por el delito de lavado de activos. Buena parte de los puntos que se exponen en ella se complementan con las diligencias investigativas de causas anteriores, retroalimentándose de ellas.

“Uno necesita presentarle al juez antecedentes serios, y las cosas que aparecen en los juicios anteriores son antecedentes que está comprobada su existencia, su autenticidad y su valor, y pueden tener efectos no solo en un juicio, sino en otros más (…) no estamos al voleo planteando esto, acá hay un engaño, hay una situación irregular con los activos que se debe revisar”, puso en relevancia Ignacio Celedón sobre la estrategia que se ha seguido hasta el minuto.

La causa, declarada admisible por el tribunal y remitida al Ministerio Público para iniciar la investigación, acusa a las sociedades de Pinto y su hijo –y a ellos en calidad de representantes de las entidades– de blanqueo de activos y además falsificación de instrumento público.

Así las cosas, en el líbelo se recuerda el historial de las causas laborales y en cobranza, enfatizando en que el último crédito a saldar respecto a la deuda con Gálvez –al 12 de septiembre del 2023– asciende a exactos $101.236.216.

Por otra parte, tras enlistar cada una de las propiedades objetadas en la querella por contratos simulados, la defensa de Gálvez hace hincapié en una en particular:

“El mandato judicial, suscrito por escritura pública, establece como domicilio del Sr. Carlos Pinto precisamente el ubicado en Av. Kennedy y a pesar de ser suscrito el año 2019, cuando supuestamente el querellado no tiene ninguna relación con la Oficina 518 de Av. Kennedy 6800 desde que la vendió a la sociedad de su hijo el año 2017. ¿Por qué Carlos Pinto señala en agosto de 2019 que su domicilio es aquel que vendió en 2017?”.

La respuesta directa a la interrogante arriba en la conclusión de que se trataría, según la parte querellante, de un contrato simulado, formulado con la “única finalidad de esconder los fondos del Sr. Carlos Pinto, que ha obtenido ilegalmente, mediante la vulneración de los derechos de sus trabajadores”, se esgrime.

A renglón seguido, los querellantes ponderan, basados en las acciones descritas hasta el minuto, que es difícil encontrar una persona tan reconocida comunicacionalmente y con un comportamiento tan vil y de tantas carencias morales”, indica la nueva causa.

Y conforme avanza el texto en cuestión se ataca directamente el argumento del abogado de Carlos Pinto, a saber, de que la sociedad Carlos Pintos Producciones, Cine y TV, E.I.R.L. se encuentra vigente y operativa.

Siguiendo esta línea de ideas, se destaca que los últimos embargos dan cuenta que “ambas cuentas de Carlos Pinto Producciones se encuentran virtualmente sin fondos”.

Finalmente, los alegatos, enumerados en virtud de los antecedentes expuestos colapsan en el siguiente hilo de ideas:

“a) Se realiza una compraventa de inmueble señalando en su escritura de que el precio se encuentra pagado en efectivo en dicho acto.

b) Posteriormente, se confiesa que dicho pago no fue realizado de esa forma, sino a través de derechos de acciones, lo que configura una falsedad ideológica del instrumento público.

c) Se confiesa que quien recibió el pago del inmueble, no es el comprador Carlos Pintos Producciones Cine y TV E.I.R.L., sino una sociedad distinta, lo que configura una segunda falsedad ideológica.

d) Se produce una compra, por parte del controlador de dicha sociedad, de la misma propiedad vendida, esta vez como persona natural.

e) Se confiesa que dichas acciones de venta de inmuebles se realizan para evitar ‘tener más problemas con esta persona’, es decir, Sergio Gálvez, lo que demuestra que el delito se comete con la intención de generar perjuicio en el querellante”.

Por ello es que la querella cierra solicitando a la Fiscalía Local de Ñuñoa que entregue los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de la causa previa en calidad de antecedentes, pidiendo además que se le tome declaración a Carlos Pinto y a su hijo, susceptibles de investigación.

Más allá de lo legal, en lo que respecta a la parte más humana, tanto Gálvez como sus defensores se han cuestionado las acciones de Carlos Pinto. Para la parte demandante ha existido una evidente mala fe y falta de voluntad para cumplir con lo requerido por la justicia.

“Él (Pinto) está por sobre la ley, y esa es su conducta hasta ahora. Ha hecho todo a la pinta de él”, señala Gálvez sin esconder su decepción por el curso que han tomado las cosas.

Destaca igualmente que desde aquel incidente se ha visto económicamente perjudicado, y que ello ha impactado en varias áreas de su vida. Incluso, se ha planteado la hipótesis de que Pinto le podría estar difamando con gente de la industria televisiva, lo cual eventualmente le restaría oportunidades en nuevos proyectos.

“Una persona me llegó a preguntar si yo había despilfarrado el presupuesto del programa, la misma mentira que yo le había comprobado (a Pinto) que no era”, señala Gálvez sobre dicha posibilidad. En seguida, explica que “por mi edad también es difícil conseguir trabajo (…) Debo mucha plata a muchas personas que me han prestado, y lamentablemente todo depende del pago de este juicio laboral”, dice, esperando que el curso de las acciones tendientes a obtener justicia sea expedito en esta oportunidad.

Siguiendo esta misma línea de ideas, el productor se cuestiona cómo Carlos Pinto, con todo su patrimonio, no ha dado señales de cumplir voluntariamente con el pago de lo decretado en tribunales pese a tener, alega, los medios para hacerlo: “Tiene un montón de propiedades, vive en San Carlos de Apoquindo en la media casa, tiene un departamento en Viña, tiene tremendo sitio en Pirque, tiene varios departamentos en Santiago, tiene oficinas (…) Muchas de esas cosas las traspasó al hijo”, comenta Gálvez.

Complementando las ideas de su representado, Ignacio Celedón desliza que la sensación que queda en Gálvez, después de esta larga disputa legal que promete seguir acumulando sendas fojas en los organismos de justicia, es que “si este fuese otro empleador lo más probable es que los dineros ya se hubiesen cobrado, pero aquí resulta que el demandado es famoso y parece tener un trato que ha sido diferente, y eso es súper injusto. No tengo nada concreto en contra de nadie en específico, pero sí hay varias cosas que me hacen dudar de las integridades”, remató el abogado. A fin de obtener la versión de Carlos Pinto sobre cada una de las acusaciones y hechos consignados a lo largo de este reportaje, El Filtrador buscó contactarse con el rostro televisivo en varias oportunidades, sin embargo, hasta en cierre de esta redacción, no ha contestado los mensajes.

Esta nota describe un proceso judicial en desarrollo