Según denunciaron a El Filtrador fuentes cercanas al caso, vínculos y gestiones realizadas por el diputado José Miguel Ortiz (DC), importante miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja encargada de la tramitación del proyecto de ley que pretende modificar el Servicio Nacional de Capacitación y Emprendimiento (SENCE), pondrían en riesgo la neutralidad y probidad de la normativa, que esta semana se discute en el Congreso.
En particular, los hechos ponen bajo la lupa una serie de reuniones y vínculos del diputado del Partido Demócrata Cristiano con cuatro empresarios dueños de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que concentran sus operaciones en la Región del Bío Bío. A esto se suma la participación del director nacional del SENCE, Juan Manuel Santa Cruz Campaña, en la realización de resoluciones que beneficiaron a uno de estos empresarios, quien jamás hubiese podido acceder a licitaciones con dineros públicos sin esta acción.
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En detalle, según fuentes conocedoras del tema, las reuniones del diputado Ortiz se habrían realizado de forma privada con los integrantes de la Federación de OTEC de Chile (FECHIC), organismo compuesto por Iván Novoa Pezo, presidente de la asociación; Antonio Moreno Riveros, vicepresidente; Luis González Oyarzo como director, y el militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Francisco Navarro Ruiz, en el cargo de secretario, siendo este último el más beneficiado con la Resolución N° 2882, surgida a pocos días de una reunión entre estos empresarios y el legislador.
Es preciso señalar, que en una carta, a la que tuvo acceso este Portal, de INCADE A.G., Asociación Gremial de OTEC de la Región del Bío Bío, dirigida al Director Nacional de SENCE, se plantea que “Creemos que desde esa fecha la FECHIC no representa a muchas OTEC, salvo las propias OTEC donde son representantes legales y empresarios”, añadiendo un componente crucial: Las principales reuniones de la FECHIC están asociadas a la presencia del diputado José Miguel Ortiz, quien, según escribe la misiva, tiende a pedir reuniones en nombre propio para finalmente llegar acompañado por empresarios de la FECHIC.
Y es que, si bien las reuniones entre estos integrantes de la FECHIC con José Miguel Ortiz y Juan Manuel Santa Cruz -director del SENCE- datan, según constatan fuentes allegadas al tema, desde inicios del año 2018, la junta que tuvo lugar el 31 de julio de 2019 en el Club Concepción habría sido crucial para Navarro Ruiz.
Años atrás, según se lee en documentos oficiales, Navarro Ruiz adquirió deudas con SENCE por una serie de cursos bajo el programa "Más Capaz", ejecutado en el segundo mandato de Michelle Bachelet, tras haberse adjudicado $1.000 millones en una licitación a través de la OTEC Instituto de Conductores Profesionales (ICP), situación tras la cual acabó con 31 multas impagas por más de $86 millones de pesos.
Tras la reunión del 31 de julio de 2019, en la que también estuvo presente el diputado Ortiz, según consignan diversas fuentes, se gestionó la resolución que obliga a postergar el proceso de licitación para el 5 de agosto de 2019.
En detalle, dicho documento cambió radicalmente la suerte de Navarro Ruiz, ya que la legislación anterior establecía que mantener multas impagas dejaba a un oferente automáticamente descartado del proceso. Sin embargo, la resolución aludida llegó a establecer que, si es que no habían más oferentes en una región particular para optar a los fondos, era posible que una comisión evaluadora calificara a una OTEC con multas y aprobara su proyecto presentado con la promesa del organismo de pagarlas en el futuro a través de un convenio de pago.
De esta forma, Francisco Navarro Ruiz se adjudicó, a través de la OTEC de Instituto de Conductores Profesionales y haciendo uso de esta prerrogativa de la ley, el precio máximo posible con cursos A3 y A5 con simulación, optando a un porcentaje de colocación menor.
Dicha acción fue planteada al director nacional del SENCE como un posible “germen de corrupción”, ya que la multa, al ser detectada en una fiscalización y comprobar una infracción por parte de la OTEC, quiebra la premisa de probidad en lo que al otorgamiento de fondos públicos respecta, aludiendo, además, que “se dirá que las multas no son incobrables, pero tener multas impagas desde el año 2014 puede dar pie a que dichas deudas puedan ser declaradas incobrables, y que todos los OTEC puedan ser beneficiados, pero de manera general, no solo para este llamado a licitación y solo para este programa”, versa el escrito, que califica la resolución N° 2882 como “arbitraria, ilegal e injusta” y carente de procedimientos generales claros en la materia para las demás OTEC.
Otros Vínculos
El diputado José Miguel Ortiz no es el primer nombre asociado a la tramitación del polémico proyecto de ley que modifica la legislación del SENCE, y cuestionado por sus vínculos con otros entes.
Bajo esta premisa, varias sospechas recayeron sobre la tramitación de esta normativa, luego de que El Mostrador revelara que Bernardo Ramírez Bañados, asesor clave del Ministerio del Trabajo para la confección del proyecto, fuese previamente gerente del Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sindicada, junto a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) como las grandes beneficiadas de esta modificación a la Ley SENCE por sus vínculos con diversas OTEC.
Asimismo, Juan Manuel Santa Cruz Campaña, director nacional del SENCE, es hijo del empresario Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, empresario nacional que hasta el año 2019 fue exconsejero de la SOFOFA.
Críticas al proyecto
Si bien en su momento se planteó que las modificaciones mejorarían la calidad de las capacitaciones laborales, la reforma al SENCE ha sido duramente criticada por las pequeñas y medianas empresas (pymes) dedicadas al rubro de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) debido a las implicancias de las modificaciones a las normativas, entre las cuales aseguran, no han sido considerados.
En detalle, según expuso el presidente de la Asociación de OTEC (AGMO), Carlos Linares, medidas como el copago obligatorio anticipado por parte de las pymes, en relación al actual escenario donde se pueden descontar parcialmente los costos mediante la devolución de impuestos, estarían imponiéndose en desmedro de las pequeñas y medianas empresas, dejando a 600.000 trabajadores sin acceso a capacitación y significando la pérdida de 16.000 empleos en el rubro.
En términos simples, la imposición del copago obliga al empleador a cancelar por el curso del trabajador en forma anticipada, lo cual resulta difícil de sortear para empresas pequeñas, teniendo como efecto la concentración de la industria de la capacitación en los gremios más importantes encarnados en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Consultado sobre los eventuales efectos de esta ley, el exministro Nicolás Monckeberg, impulsor de las modificaciones a la ley, disparó en contra de los representantes de las OTEC, apuntando que dichas aseveraciones eran “mentiras”. En concreto, según sostuvo al diario electrónico Interferencia “no se va a favorecer a las empresas grandes, esa afirmación es absolutamente falsa y malintencionada. Eso demuestra cómo algunos, con tal de defender su interés personal van a inventar una y mil cosas. Hoy precisamente lo que hacemos con esta ley es que las OTIC que tienen la posibilidad de acumular fondos, ya no lo hagan, que se acabe para las chicas, las grandes y las medianas. No vamos a permitir, a ninguna Otec, incluida la Cámara Chilena de la Construcción, que lucre en base a los intereses de platas no utilizadas en capacitación”, apuntó el ahora embajador de Chile en Argentina.
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