El impacto reputacional que enfrenta Radio Biobío por estar en "lista negra"

Radio Biobío
Imagen: Nicolás Soto

Con cierta ironía y haciendo un guiño a la compleja batalla que han sostenido con la emisora para proteger los derechos de los trabajadores, el Sindicato de Radio Biobío cuestionó la autoridad moral de la emisora —en lo que a sus contenidos respecta— luego que se revelara una sentencia que afecta al medio.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter), el sindicato se refirió a la reciente inclusión de Biobío Comunicaciones, la empresa dueña de la emblemática Radio Biobío, en un listado de la Dirección del Trabajo con empresas condenadas por prácticas antisindicales.

Es preciso destacar que, en la nómina publicada por la entidad dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la emisora dirigida por el abogado Tomás Mosciatti figura en el primer lugar.

"La Dirección del Trabajo nos recuerda que la radio que critica todo desde un púlpito está en la lista de empresas condenadas por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores y trabajadoras", reza el mensaje del Sindicato de Radio Biobío, adjuntando la nota elaborada por la Dirección del Trabajo.

¿Qué implica que Radio Biobío fuese condenada por prácticas antisindicales?

La publicación destaca la contradicción existente en las prácticas de la radioemisora al momento de enfrentar conflictos laborales con su personal, mientras difunde contenidos que, en numerosas ocasiones, critican a autoridades gubernamentales, figuras políticas y destacados actores del ámbito empresarial.

Según la publicación de la Dirección del Trabajo, Biobío Comunicaciones fue condenada por llevar a cabo prácticas desleales durante una negociación colectiva. La sentencia impuesta no solo incluye una multa significativa de 100 UTM, sino que también establece una sanción de exclusión del sistema de compras públicas del Estado, tal como lo establece la Ley 19.886.

Esto último tendría una vigencia de dos años, comenzando desde el momento en que la sentencia quede ejecutoriada. Es decir, durante este período, Biobío Comunicaciones no podrá acceder a contratos con el Estado, lo que representa un golpe tanto económico como reputacional para la compañía.