Recientemente una Comisión Mixta del Congreso aprobó la modificación al Código Procesal Penal para permitir al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier habitante a cualquier ciudadano, el cual puede ser solicitado por medio de un proveedor de servicios, sin orden judicial previa.
No obstante, esta modificación autoriza a la fiscalía que se puedan requerir diferentes datos personales, sin un mecanismo que permita controlar su uso.
Dicha modificación se enmarca en la Ley de Delitos Informáticos de Chile e impone un deber secreto, el cual hará imposible conocer el despliegue de intrusiones estatales, lo que podría no sólo afectar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también labor de los periodistas, sus fuentes, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales, alerta la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI).
Rechazo
Fuera de pasar desapercibida, la normativa, a juicio de ACTI, genera un enorme rechazo entre varias entidades dedicadas al manejo de datos e información, puesto que esta modificación al Código Procesal Penal "vulnera el derecho a todo ciudadano a no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas", siendo, no sólo una vulnerabilidad a nivel de información, sino que también a la privacidad, la cual es un pilar básico de la democracia de un gobierno.
