A través de una demanda, una exgerenta de Copesa, consorcio que aglutina a grandes publicaciones como La Cuarta y La Tercera, reveló comprometedores documentos que le sirvieron para argumentar que la sociedad controlada por el empresario Álvaro Saieh habría creado una empresa paralela para desviar los ingresos de la compañía dedicada al rubro periodístico, manteniendo a esta última en una perpetua crisis.
Es preciso acotar, desde hace años la industria mediática en Chile enfrenta una hecatombe en términos financieros y de audiencia que tiene sus raíces en los abruptos cambios en el mundo del avisaje publicitario y modificaciones en el consumo de contenidos informativos de parte de la población.
Copesa no está exenta de esta crisis. Sin ir más lejos, durante los últimos años, la empresa ha tenido importantes conflictos con sus trabajadores —principalmente periodistas y reporteros gráficos— por atrasos en el pago de las remuneraciones por sus servicios.
Asimismo, cabe recordar, los empleados —en medio de una huelga de brazos caídos— fueron enfáticos en que «(los trabajadores) no debemos pagar el costo de la mala administración anterior, ejercida por Andrés Benítez, ni los ajustes que hoy pretende hacer la nueva gerencia liderada por Eugenio Chahuán«, señalaron en un comunicado publicado a mediados de febrero de este año aludiendo a los supuestos malos resultados que la empresa ha tenido financieramente.
Pero, ¿y si esta crisis no tuviera nada que ver con el oscuro escenario que atraviesan los medios y en realidad se trata de una situación generada artificialmente por altos ejecutivos de la empresa? Esa es la interrogante que se instaló luego de que el medio Interferencia publicase fragmentos de una demanda interpuesta por Marcela Ceruti —exgerenta de Marketing ligada a Copesa por más de 15 años— en contra de la empresa luego de que su empleador presuntamente no respetara una cláusula en su contrato que obligaba a la empresa a pagarle más allá del tope de 11 años establecidos en la legislación vigente por el concepto de indemnización por años de servicio al momento de su despido.
¿Por qué se acusó a Copesa de desviar fondos de La Tercera a una sociedad paralela?
En los escritos, la exejecutiva de la matriz de La Tercera, señala que, para aminorar los riesgos que representa el negocio de Copesa, se constituyó la empresa Comercializadora GC, que concentraría los ingresos por conceptos de publicidad y suscriptores de La Tercera.
En términos simples, pese a que la mayoría de los trabajadores tienen un contrato con la empresa periodística, no sería esta última la que vería los ingresos del negocio, sino que estos irían a parar a Comercializadora GC, al mismo tiempo que Copesa mantiene virtualmente una precaria situación financiera.
«Se busca desviar todo o parte de los recursos de una sociedad en riesgo económico, a una o varias sociedades sanas financieramente, intentando mitigar el riesgo de que estas se vean afectadas por eventuales acciones de parte de acreedores», arguyó Ceruti en su acción judicial, agregando que se trata de «una clara maniobra societaria destinada a ocultar o desviar al patrimonio del empleador», reza el escrito.
En noviembre de año pasado, Copesa arremetió judicialmente en contra de Ceruti con una querella por revelación de secreto comercial y supuestos delitos informáticos, basándose en la hipótesis de que los documentos que la exgerente ventiló en su demanda laboral en contra de su otrora empleador solo pudieron haber sido extraídos de bases de datos a las cuales un número acotado de personas tienen acceso.
Entre los archivos figuraban registros de compra y venta de Comercializadora GC —antes rotulada HPV S.A.— ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), contratos de suscripción con La Tercera, contratos sellados por el diario bajo el concepto de agencia de medios con la Universidad Mayor y la Caja de Compensación La Araucana, e incluso una nómina con los sueldos detallados de gerentes y periodistas de la cuestionada compañía.
¿En qué quedó la demanda de Ceruti en contra de Copesa?
Pese a la cantidad de documentación expuesta y la gravedad de las acusaciones, todo quedó en nada. A fines de febrero se dio por terminada la demanda laboral interpuesta por Ceruti luego que la ejecutiva llegara a conciliación con Copesa, que «con el sólo ánimo de poner término al presente juicio y sin reconocer los fundamentos de la demanda», se comprometió a pagar $59.000.000 de pesos en 10 cuotas a la exgerenta.
También, ambas sociedades mencionadas en la presente nota deberán pagar el finiquito pendiente a la exejecutiva de La Tercera. Mientras que Copesa desistió perseverar con la querella por violación de secreto —además de acordar no iniciar nuevas acciones legales en contra de Ceruti—, la mujer se negó a ejercer la cobranza judicial laboral.
Pese al término anticipado de la causa, este incidente podría iniciar una compleja discusión en materia legal, en la medida que los argumentos expuestos por Ceruti y su defensa podrían eventualmente servir de precedente a otros trabajadores que hayan visto vulnerados sus derechos para elaborar sus propias acciones ante los tribunales de justicia.
