Un nuevo capítulo del drama de TVN hace su ingreso. Si la polémica ya se había desatado con la filtración del informe de Contraloría interna y, las posteriores declaraciones de la fracción opositora del Directorio, se suma ahora la presencia de siete diputados que solicitan, se realice una exhaustiva investigación para aclarar la situación del canal estatal.
A través de un documento, Raúl Florcita Alarcón (PH); Jorge Alessandri (UDI); René Alinco (Ind); Sebastián Álvarez (Evópoli); Jenny Álvarez (PS); Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) y Sandra Amar (UDI) solicitan a Maya Fernández, Presidenta de la Cámara de Diputados que se constituya una comisión que investigue «las actuaciones de los órganos de la administración del Estado en relación al contenido de los contratos de todos los altos directivos de Televisión Nacional y al estado y situación financiera del canal».
Por medio de la investigación los diputados pretenden esclarecer si efectivamente existe o no alguna irregularidad tal como se detalla en el documento que expone las condiciones y ‘clausulas’ de los contratos de altos directivos. Asimismo, piden saber si con la filtración de esta información, se ha incumplido los deberes de reserva establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de TVN.
Justamente en base a dicha ley, uno de los Directores de oposición, Antonio Leal (PPD) comentó a Cooperativa que instaurarán una demanda judicial contra Francisco Orrego pues, de acuerdo a su visión de los hechos, al hacer pública la información de Contraloría interna, se vulneró el artículo 9° de la Ley de Televisión Nacional de Chile.
Sin ir más lejos, los diputados exponen las graves consecuencias que ha traído consigo esta filtración, la cual puede afectar la imagen de Televisión Nacional como empresa «en sus aspectos financieros, competitividad, desmejorando o afectando su relación con otras empresas televisivas».
De igual forma, la misiva deja en evidencia el difícil momento en el que se encuentran los propios trabajadores con esta situación a la que se enfrenta la estación pública, asegurando que éstos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que vulneren sus derechos.
