Sorpresa generó en la industria televisiva el vuelco en la demanda del grupo TVI Filmocentro, propietaria de las señalas Vía X y Zona Latina, tras la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo del Tribunal de Libre Competencia y acoger la demanda que interpuso contra VTR.

De acuerdo a La Tercera, el máximo tribunal del país acogió la demanda contra el cableoperador por abuso de posición dominante. Esto, luego que en 2016 retirara de su parrilla programática los canales Zona Latina, Vía X, ARTV y Vía X HD.

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El fallo de la Suprema ordena a VTR a iniciar un periodo de negociaciones dentro de un lapso máximo de tres meses, en el cual deberá comunicar a la parte demandante cuáles fueron las condiciones que motivaron la decisión de dejar de transmitir dichas señales.

Durante este periodo, se analizarán «los términos serios, la factibilidad de continuar con la transmisión de las señales de TVI, debiendo entregar propuestas concretas y recibir contraofertas, tras lo cual deberá informar, sustentado en estudios económicos y técnicos vinculados a las propuestas barajadas, la decisión respecto de la continuidad del servicio, debiendo ambas llevar a cabo tales tratativas de buena fe, ajustando sus expectativas a la realidad del mercado de provisión de contenidos, dentro de un plazo máximo de 3 meses de notificada la sentencia».

Condiciones del fallo

Con esto, no se obliga al cable operador a restituir los canales que sacó del aire. No obstante, de no prosperar las negociaciones, la sentencia indica que VTR deberá mantener los términos del convenio que unía a las partes por un periodo igual al que faltaba para el término del contrato.

Tras la noticia, Luis Venegas, presidente de TVI, comentó a La Tercera que «siempre supe que habíamos actuado correctamente. Nunca habíamos incumplido. Esperábamos que se hiciera justicia, y que bueno que tengamos instituciones que funcionan y eso es muy esperanzador para todos».

Por su parte, Miguel Oyonarte, Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de VTR sostuvo que el fallo «no impone multas a la compañía, sino que únicamente requiere que comencemos un nuevo periodo de negociación, de buena fe».

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