Este sábado continuó la polémica suscitada luego de que el abogado Hermógenes Pérez de Arce relativizara las violaciones a los Derechos Humanos en una transmisión en vivo del matinal de Canal 13 “Bienvenidos”.
Sin embargo, esta vez el debate no se gestó ni en un estudio de televisión ni en redes sociales, sino que directamente en el Congreso, donde el senador Alejandro Navarro y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, propuso implementar lo que denominó la “Ley Hermógenes”, dedicada a sancionar el negacionismo.
En contexto, cabe recordar que el día viernes el matinal de Canal 13 tuvo un abrupto giro luego de que el también exdiputado restara importancia a las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social y desconociera los acontecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La situación derivó en que la propia animadora del espacio, Tonka Tomicic, pidiera en vivo la salida de Pérez de Arce del estudio, razón por la cual el abogado anunció, horas más tarde, que demandaría a la modelo y al controlador del canal, Andrónico Luksic, amparado en la denominada Ley Zamudio.
Posterior a los hechos, el tema del negacionismo y los límites de la libertad de expresión se instaló rápidamente en la agenda pública, sumando un nuevo episodio este sábado luego de que el senador Navarro impulsara la “Ley Hermógenes”, que castiga las negaciones a la violación de Derechos Humanos durante la dictadura Militar.
Según explicó el parlamentario al diario La Cuarta, “países como Alemania, Francia o el Reino Unido penalizan los discursos negacionistas o que inciten al odio. Más aun, la alemana Ursula Haverbeck, de 88 años, fue condenada a seis meses de prisión por negar el Holocausto judío y las cámaras de gas en los campos de exterminio, argumentando el tribunal que la negación del genocidio nazi va más allá de los límites del debate público apacible y amenaza la paz pública”, expuso de ejemplo.
Y es que el castigo por quebrantar la eventual ley tiene altas penas, según detalló el parlamentario, «esta negación a la violación a los Derechos Humanos en nuestro país debe ser penada con cárcel, con una pena que vaya desde los 541 días hasta los 3 años y 1 día, según la gravedad de los dichos, que es la misma pena que el gobierno quiere aplicar a los manifestantes”, cerró.