Ciper deja en evidencia grave falencia en Ley de Transparencia

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Tras una dilatada espera en la entrega de correos electrónicos del Ministerio de Salud (Minsal) al medio de investigación Ciper, el Consejo para la Transparencia admitió que no cuenta con los mecanismos necesarios para obligar a las instituciones a cumplir con la ley.

En tal sentido, cabe recordar, hace poco más de un mes el actual ministro de Salud, Enrique Paris, enfatizó que los correos de él, el exjefe de la cartera Jaime Mañalich, la exsubsecretaria Paula Daza, el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans, el exjefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo, serían entregados al Centro de Investigación Periodística (Ciper) "a la brevedad".

No obstante a la fecha eso no ha ocurrido. Por el contrario, el Ministerio de Salud solicitó al organismo más tiempo para efectuar la entrega de la información, arguyendo que debían extraer los correos de los servidores de Entel, proceso que, indican, es demoroso.

A pesar que las disposiciones legales establecen que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información pública de forma oportuna, el Consejo para la Transparencia, en un escrito dirigido al medio de investigación, reconoció que no cuenta con las facultades para obligar a funcionarios públicos a cumplir con la Ley de Transparencia, fundamental en el ejercicio del periodismo de investigación.

En detalle, en el texto se señala que el mecanismo sancionatorio, que consiste en una multa de entre el 20% y el 50% del sueldo del funcionario, cifra que se duplica en caso de persistir en incumplimientos y que agrega la suspensión de su cargo por cinco días, no basta para presionar por la entrega de la información.

"En opinión del Consejo la legislación vigente en materia de procedimiento sancionatorio y sanciones es deficiente y debe ser perfeccionada", indicaron desde el Consejo a Ciper, agregando que actualmente buscan expandir los alcances de la regulación a más opciones sancionatorias, mayor cantidad de funcionarios afectos a la norma, y la creación de "un tipo penal de ocultamiento doloso de información pública".

Se puede hacer "perro muerto"

No obstante, el problema no se quedaría solo hasta allí, ya que, conforme se reveló, las multas aplicables por el Consejo, contempladas actualmente como sanción, se podrían eludir fácilmente.

Tal fue el caso de la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, quien ya había sido multada por el Consejo, sin embargo, y debido a que renunció a su cargo para integrarse al comando de la campaña del expresidenciable José Antonio Kast antes de conocer el resultado del proceso sancionatorio, la exautoridad no pagaría por la sanción, sustituyéndose esta por una anotación en su hoja de vida.

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