Los recortes de prensa que la justicia "le mandó a guardar" al Gobierno

Prensa

En una contundente decisión, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió excluir los recortes de prensa que el Ministerio del Interior pretendía usar como prueba en un polémico caso para aplicar la Ley Antibarricadas.

En contexto, cabe recordar, el 3 de marzo de 2020, en el marco de la serie de protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, entre 30 y 60 manifestantes, según consigna Interferencia, fueron aprehendidos por Carabineros, presuntamente acusados de protagonizar desmanes y formar parte de la "primera línea".

En tal sentido es que el Ministerio del Interior, hoy a cargo del ministro Rodrigo Delgado, optó por iniciar acciones legales en contra de los implicados, de los cuales buena parte han pasado meses en prisión preventiva dentro de un proceso que se ha prolongado por cerca de un año y medio.

No obstante, una de las aristas más llamativas del proceso han sido las pruebas ofrecidas por el organismo gubernamental, entre las cuales figuran diversos recortes de prensa correspondientes a los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias y La Cuarta.

Según apunta el citado medio, en el acta de la audiencia se reveló que ninguna las aludidas pruebas se encuentra fechada en el día de los acontecimientos correspondientes a la presunta comisión de los ilícitos, siendo algunos, incluso, de fechas previas a los hechos.

"El tribunal resuelve excluir toda la prueba ofrecida por el querellante, manteniendo únicamente el documento N° 30 de los puntos de prueba documental. El tribunal resuelve excluir la prueba material ofrecida por la querellante por impertinencia", se lee en el documento adjunto.

En esta misma línea, Nicolás Pavez, uno de los abogados de la defensa, señaló a Interferencia que "esto es una demostración de que Interior y el Gobierno pretenden convertir esta causa en una especie de juicio político del estallido. Lo ven como un caballito de batalla para criminalizar la protesta. Esa prueba que buscaba el agravante de la conmoción pública no era prueba de calidad y no tenía relación con el caso. Había recortes de octubre de 2019, de noviembre, y los detenidos son de marzo de 2020", apuntó el jurista.

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