La televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear. Ambas sólo pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y morales.

Umberto Eco

Por Constanza Schaub

Por estos días, quienes habitamos esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, nos estremecemos ante la noticia de un crimen macabro que terminó con la vida del profesor Nibaldo Villegas, en circunstancias dignas de novela gore. Entendiendo el impacto de la forma en que se constató su deceso, no debiera asombrarnos la extensa y detallada maratón mediática dedicada a cubrir los pormenores del suceso que se ha desatado en los medios televisivos criollos. Sin embargo, a mí me preocupa.

Y es que los canales de la televisión abierta, una vez más, se enfrentan en una carrera frenética a través de sus programas matinales para ser los primeros y mejores, a la hora de postular sus teorías sobre los hechos, recurriendo no sólo a expertos, sino también a cercanos de quienes son los protagonistas de la dramática historia, a fin de complementar por medio de sus testimonios, aspectos todavía desconocidos para la opinión pública que recién da cuenta de lo sucedido.

Precisamente es aquí cuando, quizás por deformación profesional, necesito detenerme, hacer una pausa, tomar agua y reflexionar porque la palabra «transgresión» enciende luces de alerta en mi tablero.

¿Es posible que la carga de dramatismo de los hechos, su bajo costo y el ímpetu de los canales por captar audiencia sea la ecuación perfecta para el éxito comercial a toda costa? Pese a la tragedia, ¿debe la masa digerir en silencio que el fin justifica los medios? ¿La exaltación al morbo verdaderamente forma parte de nuestra tarea?

No hace mucho y ante un caso similar de «juicio paralelo», recuerdo al Consejo Nacional de Televisión haciendo frente a numerosas denuncias contra el Canal del angelito, por dar a conocer detalles de las pericias ginecológicas de Nábila Rifo, víctima de femicidio frustrado por parte de su ex pareja Mauricio Ortega, cuyo contenido era parte del secreto de la investigación. Cabe señalar que al tiempo de sucedida la agresión contra la mujer, los canales también compitieron para llenar de contenido sus espacios, redundando en detalles escabrosos y teorizando respecto a los pormenores de la historia.

El caso de Fernanda Maciel, la joven embarazada que desapareciera desde su casa y que estaba pronta a dar a luz, desencadenó tal interés para el programa «La Mañana» de Chilevisión, que no por días, sino por semanas, contó con la presencia de su novio en el estudio, repitiendo hasta el hartazgo los escasos datos obtenidos y relatando lo poco y nada que sabía del proceso investigativo que llevaban las policías.

El sentido común me dice que ante casos no resueltos como el de Fernanda, donde no se descarta la presunta desgracia; el proceso indagatorio no desestima la participación de terceros en el hecho y por tanto, cualquiera, comenzando por su entorno cercano; puede ser motivo de sospecha. Este simple hecho constituyó razón suficiente para no sentirme cómoda ante tan activa presencia mediática del muchacho, más aún cuando las diligencias seguían teniendo lugar.

En La Problemática de los Juicios Paralelos en la Jurisprudencia y Doctrina Española, texto publicado en la edición número 23 de la revista Ius et Praxis; el abogado de la Universidad Católica de Chile, Francisco Leturia, detallaba que un aspecto delicado del interés de los medios de comunicación por aumentar sus ventas a través de noticias de alto impacto y dramatismo, es que la búsqueda de la primicia noticiosa podría llevar incluso al pago por este tipo de informaciones a quienes primero acceden a ellas.

En este orden, el académico también planteaba que «el abordaje de este asunto es difícil fuera de las prácticas profesionales, sus códigos deontológicos, o las exigencias del público consumidor, pues el beneficio constitucional que recae sobre la difusión de información de interés público beneficia de modo casi idéntico a la prensa como industria del entretenimiento y como actividad lucrativa».

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, Alberto Balbontín, también ha manifestado preocupación por la excesiva exposición, especialmente televisiva, que tienen en Chile algunos procesos judiciales que aún no cuentan con sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, ya que implica vulnerar el derecho a la privacidad y dignidad de los procesados. Sostiene además que «estas exposiciones mediáticas tienden a ‘prejuiciar’ a los implicados condenándolos socialmente en forma anticipada, independientemente de los resultados finales del juicio».

Cabe entonces preguntarnos: ¿Dónde radica el límite entre el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad de prensa y de expresión? ¿Cuáles son los parámetros éticos que se debe esperar tanto de los medios como también de los profesionales que desempeñan su labor en ellos?

La tarea que a los comunicadores nos compete es no relativizar, apostar por el equilibrio, por compatibilizar el derecho democrático a la información con el respeto a garantías constitucionales tan básicas como el derecho a la dignidad, la honra y al juicio justo, pero también el deber de respaldar a los órganos competentes del aparato estatal en el normal desarrollo de su función.

Si nuestra labor propende a aportar un grano de arena en la lucha por una sociedad justa, plena, desarrollada y sana; nuestro cuarto poder debe ser riguroso en su función dentro de un marco ético acorde a los valores que lo mueven y lamentablemente los excesos desvirtúan el propósito.

Seamos serios y responsables porque nuestras propias transgresiones con un desprolijo manejo de la información, no sólo pueden desacreditar a las instituciones, sino también enardecer a la opinión pública y hasta normalizar acciones temerarias que tarde o temprano deberemos lamentar.

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