Hace unos días se viralizó a través de redes sociales una «funa» hacia dos periodistas de Radio Biobío, bajo el argumento de «escribir notas para perjudicar la situación actual de los presos de la revuelta» en alusión de Gonzalo Farías -conocido como «mapache», manifestante que se mantiene en prisión preventiva en la Cárcel Santiago Uno.

En la acusación, originada por la cuenta de Instagram «mapaxeealakallee», explican que las profesionales de la radioemisora «han sido totalmente inquisitivas de manera negativa y hostigosas con su proceso de investigación, y el día de hoy, que por fin el juzgado ha otorgado su libertad (de Farías) no hallaron mejor cosa que escribir un reporte ‘informando’ que su medida pasó a la Corte de Apelaciones, a sabiendas que todas estas notas pueden persuadir y cambiar la opinión de los jueces».

Debido a esta publicación es que diversas personas del mundo de las comunicaciones e incluso de la política, han manifestado su repudio frente al hecho. Uno de ellos fue Christian Pino, experiodista de TVN, quien expresó en Twitter que «atacar al periodismo es atacar las bases de una sociedad democrática ¡No se puede permitir!».

Posteriormente, la polémica llegó a la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, conformada por la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), entiedad que escribió un comunicado expresando su preocupación por el hostigamiento del que han sido víctimas las profesionales de Biobío.

«Chile transita hacia una nueva constitución, proceso político crucial para el futuro del país, que requiere de ciudadanos informados y una prensa libre. El derecho a recibir información demanda la búsqueda profesional de la veracidad, lo cual se determina de acuerdo con los estándares profesionales», comenzó el escrito. 

Sobre la labor realizada por las periodistas, los organismos argumentan que la investigación está amparada como «hechos de interés público –como los actos de violencia ocurridos en octubre de 2019, la actuación de los órganos de justicia y sus implicancias políticas–, los medios de comunicación no pueden eludir su rol de informar con apego a los hechos ni renunciar a su función de interpretar e incluso entregar opiniones respecto de esto».

Funas: «Ejercicio abusivo»

Frente al ejercicio del periodismo, la Federación destaca que «históricamente la prensa ha sido un órgano social de control del ejercicio del poder, condición que debe mantener en el contexto actual. En tal sentido, el ataque físico y verbal, la intimidación y cualquier otro acto de coacción, atenta directamente contra la democracia», comenzó el escrito.

«Las ‘funas’, al igual que todo acto de amedrentamiento, son un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Reconocemos el legítimo derecho a la crítica, pero rechazamos las acciones de linchamiento a través de redes sociales que tratan de manera indigna y vejatoria a personas que ejercen una labor pública esencial», comunicaron.

Finalmente, expresaron en el comunicado su solidaridad «con los periodistas que hayan sido víctimas de estos ataques injustificados, cobardes y anónimos, y reafirmamos nuestro compromiso de aportar a una sociedad libre e informada a través de los distintos medios de comunicación».